El Vivero: 54,6 millones de euros y una ciudad mirando hacia otro lado

El Vivero: 54,6 millones de euros y una ciudad mirando hacia otro lado

Cartagena tiene encima de la mesa un problema urbanístico, jurídico y económico de primer orden: una indemnización de 54,6 millones de euros por el sector de El Vivero, en La Manga.

No estamos hablando de una cifra abstracta. Estamos hablando de dinero público. De impuestos. De recursos que podrían destinarse a servicios, equipamientos, infraestructuras, barrios, pedanías o a la propia regeneración de La Manga.

Y, sin embargo, la reacción institucional parece sorprendentemente débil. Como si el problema fuera técnico. Como si fuera inevitable. Como si no tuviera responsables. Como si no fuera con nadie.

Pero sí va con alguien. Va con el Ayuntamiento. Va con los servicios jurídicos municipales. Va con los grupos políticos. Va con quienes gobiernan y con quienes aspiran a gobernar. Y va, sobre todo, con los vecinos de Cartagena, que son quienes acabarán soportando las consecuencias si no se actúa a tiempo.

El problema no es solo la indemnización

El debate no puede reducirse a si la cantidad de 54,6 millones de euros es alta, baja o desproporcionada.

Ese es un debate importante, pero llega tarde si antes no se responde a una pregunta mucho más incómoda:

¿Es realmente inevitable pagar esa indemnización?

Porque si la respuesta es no, entonces el problema cambia por completo.

Ya no estaríamos solo ante una discusión judicial sobre una cifra. Estaríamos ante una posible falta de reacción municipal frente a una vía jurídica y urbanística que podría evitar un quebranto patrimonial gravísimo para la ciudad.

El asunto de El Vivero no debe analizarse solo como un pleito perdido o como una mala noticia presupuestaria. Debe analizarse como lo que es: el resultado de una relación mal resuelta entre planeamiento urbanístico, ejecución de sentencias y responsabilidad pública.

Una sentencia firme no se esquiva con planeamiento

Cuando existe una sentencia firme que obliga a una Administración, esa sentencia debe cumplirse.

Esto es básico. Pero en urbanismo a veces se olvida, porque los Ayuntamientos conservan potestad de planeamiento y pueden revisar su modelo territorial. Esa potestad existe, pero no permite convertir el planeamiento en una vía indirecta para dejar sin efecto lo que los tribunales han resuelto.

En el caso de El Vivero, la cuestión central es precisamente esa: si el propio planeamiento municipal ha generado una situación de imposibilidad legal que impide ejecutar una sentencia y abre la puerta a una indemnización millonaria.

En el escrito presentado ante el Ayuntamiento de Cartagena se advertía de ese riesgo con absoluta claridad: la clasificación del ámbito como suelo no urbanizable protegido podía consolidar una imposibilidad legal de ejecución y transformar el problema urbanístico en una condena económica de 54,6 millones de euros, más intereses.

Dicho de forma sencilla: si el Ayuntamiento introduce en su planeamiento el obstáculo que impide cumplir la sentencia, después no puede comportarse como si la indemnización fuera una fatalidad caída del cielo.

Primer pilar: proteger el Mar Menor no significa prohibir pensar

La protección del Mar Menor es irrenunciable. Punto.

Pero precisamente por eso debe hacerse con rigor, no con consignas.

No basta con decir “Mar Menor” para cerrar cualquier debate urbanístico. La cuestión no es si debe protegerse la laguna. La cuestión es si el desarrollo concreto de El Vivero, bien diseñado, con ingeniería adecuada, con sistemas modernos de saneamiento, drenaje, vertido cero, retranqueos y respeto de servidumbres, genera realmente un impacto incompatible con esa protección.

Una urbanización del siglo XXI no puede juzgarse con los errores del urbanismo de hace cuarenta años.

Hoy existen soluciones técnicas para ordenar un ámbito con exigencias ambientales muy superiores a las que existían cuando se cometieron muchos de los desastres que todos conocemos. Si se quiere afirmar que El Vivero no puede desarrollarse de ninguna manera, habrá que justificarlo técnicamente. No basta con envolver la decisión en una invocación genérica a la protección ambiental.

Además, conviene decirlo claramente: en La Manga y en otros municipios del entorno del Mar Menor sigue existiendo actividad urbanística, promociones, suelos urbanizables y edificación. Por tanto, no parece serio sostener que todo desarrollo urbanístico sea, por definición, incompatible con la protección de la laguna.

El debate serio no es urbanizar o proteger.

El debate serio es si puede ordenarse El Vivero con criterios ambientales estrictos, respetando las servidumbres de protección, retranqueando edificaciones, imponiendo infraestructuras modernas y garantizando que el desarrollo no perjudique a la laguna.

Si eso es posible, no estudiarlo es una irresponsabilidad.

Segundo pilar: La Manga necesita ciudad, no solo apartamentos

La Manga tiene un problema evidente: durante décadas se ha construido mucho, pero no siempre se ha hecho ciudad.

Faltan zonas verdes públicas de calidad. Faltan aparcamientos. Faltan equipamientos. Faltan espacios administrativos, culturales, educativos y sanitarios suficientes. Falta una estructura urbana que permita vivir La Manga durante todo el año y no solo ocuparla masivamente en temporada alta.

Ahí es donde El Vivero puede tener una importancia estratégica.

El suelo urbanizable no es solo suelo para construir viviendas. Es también una herramienta para obtener gratuitamente suelos públicos. La ley urbanística permite que, mediante el desarrollo de un sector, el Ayuntamiento reciba suelos destinados a zonas verdes, equipamientos, viarios y dotaciones públicas.

Y eso, en La Manga, no es un detalle. Es una necesidad.

Estamos hablando de la posibilidad de prever parques públicos cualificados, aparcamientos que sirvan al conjunto de La Manga, aulas de estudio, colegios, institutos, centros de salud, equipamientos administrativos, dependencias municipales, cuartel o instalaciones de policía local, espacios culturales y servicios que permitan que La Manga deje de funcionar como un lugar colapsado en verano y debilitado el resto del año.

La estacionalidad no se rompe con eslóganes. Se rompe con servicios.

Una zona tiene vida todo el año cuando hay colegios, salud, administración, cultura, espacios públicos, aparcamiento, actividad económica y residentes que pueden desarrollar allí una vida normal. Si no hay eso, no hay ciudad. Hay ocupación estacional.

El Vivero puede ser una de las pocas oportunidades reales que quedan para recualificar urbanísticamente La Manga de Cartagena.

Y, además, un planeamiento bien planteado puede permitir hoteles de mayor rango, edificaciones residenciales más modernas, mejores estándares urbanos y una ordenación mucho más exigente que la existente en buena parte de La Manga.

Renunciar a todo eso sin una justificación técnica muy sólida no es proteger el interés general. Puede ser exactamente lo contrario.

Tercer pilar: pagar 54,6 millones por nada

El tercer punto es el más duro.

Si se consolida la indemnización de 54,6 millones de euros, el resultado puede ser demoledor para la Hacienda municipal.

Porque no hablamos de pagar por una obra ejecutada. No hablamos de pagar por una urbanización realizada. No hablamos de compensar canalizaciones, viales, zonas verdes, equipamientos o inversiones efectivamente materializadas.

Hablamos de una indemnización que podría operar, en la práctica, como un beneficio neto para los propietarios del suelo, sin haber urbanizado, sin haber cedido dotaciones, sin haber ejecutado infraestructuras, sin haber levantado un ladrillo y sin aportar un retorno material a La Manga.

El Ayuntamiento pagaría. Los propietarios cobrarían. La Manga seguiría sin los equipamientos. Y los cartageneros asumirían la factura.

Es difícil imaginar una combinación peor desde el punto de vista del interés público.

La ciudad no obtendría zonas verdes. No obtendría aparcamientos. No obtendría equipamientos. No obtendría servicios. No obtendría una recualificación urbana del ámbito. Solo obtendría una deuda gigantesca.

En el escrito presentado ante el Ayuntamiento se propuso precisamente una hoja de ruta para evitar ese escenario: rectificación parcial del planeamiento en el ámbito de El Vivero, tramitación garantista con información pública si resultaba necesaria y posterior traslado al órgano judicial para recuperar la ejecución específica de la sentencia.

No se trata, por tanto, de protestar contra una indemnización. Se trata de impedir que el Ayuntamiento acabe pagando una fortuna cuando todavía podría existir una vía para cumplir la sentencia de otra manera.

La situación es aún reversible

Este es el punto que debería centrar el debate municipal.

Si la imposibilidad de ejecutar la sentencia deriva de una clasificación urbanística introducida por el propio Ayuntamiento, y si esa clasificación puede rectificarse mediante los instrumentos legales adecuados, entonces la indemnización no debe tratarse como inevitable.

La situación puede ser reversible.

Y si se vuelve a clasificar el ámbito de forma compatible con la ejecución de la sentencia, lo razonable es defender ante el órgano judicial el cumplimiento in natura, es decir, el cumplimiento real de la sentencia en sus propios términos.

La indemnización sustitutoria debe ser el último recurso. No el camino cómodo. No la salida resignada. No la consecuencia automática de una mala decisión de planeamiento.

El Derecho no obliga a la Administración a pagar decenas de millones si todavía tiene en su mano remover el obstáculo que ella misma ha creado. Lo que exige es diligencia, motivación y defensa efectiva del interés público.

¿Dónde están los grupos municipales?

Y aquí llega la pregunta política, aunque sea incómoda.

¿Dónde están los grupos municipales?

¿Dónde está el debate público serio sobre El Vivero?

¿Dónde están las explicaciones técnicas?

¿Dónde está la hoja de ruta para evitar el pago?

¿Dónde está la exigencia de responsabilidades?

¿Dónde está la propuesta alternativa?

Cuando un Ayuntamiento se enfrenta a un riesgo de 54,6 millones de euros, ningún grupo político puede actuar como si el asunto no fuera con él.

Ni el gobierno municipal puede limitarse a recurrir y esperar. Ni la oposición puede mirar desde la barrera, calculando si el problema desgasta más al adversario que a la institución.

Quien aspira a gobernar Cartagena tiene que demostrar que está dispuesto a defender Cartagena cuando el problema es difícil, técnico y económicamente incómodo. No solo cuando hay una foto, una inauguración o una frase fácil en redes sociales.

La pasividad en un asunto así no es neutral.

La pasividad favorece que la indemnización se consolide. Debilita la posición procesal del Ayuntamiento. Priva a La Manga de una oportunidad real de recualificación. Y traslada al bolsillo de los cartageneros el coste de una cadena de decisiones que nadie parece querer explicar hasta el final.

Cartagena no puede permitirse tratar esto como un expediente más

El Vivero no es un expediente más.

Es un caso que reúne todos los ingredientes de los grandes problemas urbanísticos: planeamiento, sentencia firme, ejecución judicial, interés ambiental, Hacienda pública, desarrollo territorial, responsabilidad política y futuro de La Manga.

Por eso no puede despacharse con silencio, con notas de prensa o con la simple interposición de recursos.

Cartagena necesita saber si la indemnización es inevitable o si puede evitarse. Necesita saber si se ha estudiado de verdad la rectificación del planeamiento. Necesita saber si existen informes ambientales concluyentes. Necesita saber qué alternativas se han puesto encima de la mesa. Necesita saber por qué se renuncia, si es que se renuncia, a obtener zonas verdes, equipamientos y aparcamientos mediante el desarrollo urbanístico del sector.

Y necesita saberlo antes de que el problema sea irreversible.

Porque si finalmente se pagan 54,6 millones de euros sin haber agotado todas las vías legales para evitarlo, la pregunta ya no será solo jurídica.

Será política. Será económica. Y será moral.

Conclusión

El caso de El Vivero obliga a plantear una cuestión de fondo: si el Ayuntamiento de Cartagena está dispuesto a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para cumplir una sentencia, proteger la Hacienda municipal y recualificar La Manga, o si va a dejar que una indemnización millonaria se consolide mientras todos miran hacia otro lado.

La rectificación municipal debería moverse sobre tres ideas claras: una urbanización bien diseñada no tiene por qué ser incompatible con la protección del Mar Menor; La Manga necesita dotaciones, zonas verdes, aparcamientos y equipamientos para dejar de ser un espacio estacional; y pagar 54,6 millones de euros sin obtener nada a cambio sería un golpe gravísimo para los intereses de Cartagena.

El urbanismo no es solo dibujar planos. Es decidir qué ciudad se construye, qué cargas se asumen, qué intereses se protegen y quién paga las consecuencias cuando las cosas se hacen mal.

En El Vivero, la ciudad todavía merece una explicación. Y, sobre todo, merece una actuación.



En Carlos San Vicente & Asociados intervenimos en asuntos de planeamiento, ejecución de sentencias urbanísticas, responsabilidad patrimonial y acción pública urbanística, con una defensa integral tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa cuando las decisiones urbanísticas afectan gravemente al interés público, al patrimonio municipal o a los derechos de los propietarios.