No hay justicia, hay jurisprudencia.
Frente a la Administración, no todo depende e la razón material: también deciden los plazos, el procedimiento, las garantías y la jurisprudencia.
No hay justicia, hay jurisprudencia
Por Carlos San Vicente
El Derecho no funciona como una conversación de sentido común. Tampoco como una apelación directa a lo justo o injusto. En un procedimiento judicial no basta con que una posición parezca razonable, proporcionada o incluso moralmente correcta. Lo decisivo es que pueda sostenerse jurídicamente.
Y eso puede operar en los dos sentidos. A veces el resultado jurídico perjudica a quien, desde una intuición inicial, parecía tener razón. Pero otras veces ocurre exactamente lo contrario: el Derecho protege al particular de forma incluso contraintuitiva, porque la Administración ha incumplido un plazo, ha omitido un trámite esencial, ha vulnerado una garantía procedimental, ha actuado sin competencia suficiente o ha impuesto una restricción sin la cobertura normativa necesaria.
Por eso la interpretación jurídica no consiste en preguntar simplemente qué parece justo, sino en analizar si la actuación administrativa se ha producido conforme al ordenamiento jurídico en su conjunto: normas aplicables, procedimiento, competencia, motivación, prueba, proporcionalidad y jurisprudencia.
En ese terreno aparece una verdad incómoda de la práctica forense:
no hay justicia en abstracto; hay jurisprudencia.
La interpretación de las normas no es intuitiva
El Derecho no funciona como suele imaginar quien lo mira desde fuera. No basta con leer una norma, aplicarle sentido común y concluir: “esto significa claramente tal cosa”.
La interpretación jurídica rara vez es tan simple.
Una norma puede parecer evidente hasta que se cruza con otra norma superior, con una excepción reglamentaria, con una disposición transitoria, con una competencia autonómica, con un defecto de procedimiento, con la carga de la prueba o con una línea jurisprudencial que lleva años diciendo algo distinto de lo que intuitivamente parecía razonable.
Por eso el Derecho no se interpreta “a ojo”. Tampoco se interpreta solo desde la indignación. Y, desde luego, no se interpreta como si cada caso empezara desde cero.
El sistema judicial es acumulativo. Lo que otros tribunales han resuelto antes importa. Y mucho.
El sistema judicial tiene jerarquía
Aunque no nos guste expresarlo así, el sistema judicial se parece en algunos aspectos a una estructura jerárquica. No porque los jueces sean soldados, sino porque existen órganos superiores cuyas resoluciones marcan el camino a los órganos inferiores.
Un juzgado de lo contencioso-administrativo no decide en el vacío. Sabe que por encima están los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional en determinados ámbitos, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, en algunos casos, también el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
El buen juez no es el que se inventa una interpretación personal brillante desconectada del sistema. El buen juez, en términos institucionales, es el que conoce las resoluciones de los órganos superiores, respeta los criterios consolidados y aplica el Derecho de una forma coherente con el conjunto del ordenamiento jurídico.
Naturalmente, los jueces pueden innovar, matizar, distinguir un caso de otro o incluso separarse razonadamente de criterios anteriores. Pero eso no cambia la regla general: la justicia judicial no es intuición individual, sino aplicación razonada de un sistema de fuentes y precedentes.
La función del abogado no es improvisar justicia
Aquí aparece una de las diferencias más importantes entre un abogado que estudia el asunto y un abogado que simplemente opina.
La labor del abogado no consiste en leer una norma y decir lo primero que le parece. Tampoco consiste en confirmar al cliente que todo es injusto y que, por tanto, se va a ganar.
La labor del abogado es más incómoda y mucho más técnica: estudiar cómo han resuelto los tribunales supuestos similares o parecidos.
Eso exige buscar jurisprudencia, comparar hechos, analizar matices, detectar qué argumentos han sido aceptados y cuáles han sido rechazados. En ocasiones, la clave de un pleito no está en encontrar una sentencia que diga exactamente lo que queremos, sino en descubrir qué diferencia nuestro caso de otros que se perdieron.
Un buen estudio jurídico no pregunta solo: “¿qué dice la norma?”. Pregunta también:
¿cómo se ha interpretado esta norma?
¿qué han dicho los tribunales en casos parecidos?
¿qué hechos fueron decisivos?
¿qué defectos se consideraron esenciales?
¿qué argumentos no funcionaron?
¿qué órgano judicial va a resolver y cuál es su criterio habitual?
Eso es trabajar con jurisprudencia. Lo demás, muchas veces, es literatura.
Urbanismo: cuando la norma no es igual en todas partes
En Derecho urbanístico esta dificultad se multiplica.
No estamos siempre ante una ley estatal o autonómica de aplicación general. Muchas veces el conflicto depende de un Plan General, de un Plan Parcial, de una ordenanza municipal, de unas normas urbanísticas concretas o de una ficha de planeamiento específica.
Y ahí surge un problema: puede que no exista jurisprudencia sobre ese texto concreto.
Un Plan General de Murcia no es igual que un Plan General de Alicante, ni una ordenanza municipal de un Ayuntamiento es necesariamente comparable con la de otro. Cada instrumento de planeamiento tiene su propia historia, su propia redacción, sus propios planos, sus propias fichas y su propio contexto territorial.
Por eso, en urbanismo no basta con buscar sentencias. Hay que conocer profundamente el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico urbanístico.
Hay que saber qué prevalece sobre qué.
No es lo mismo una ley estatal básica que una ley autonómica. No es lo mismo un reglamento que un plan general. No es lo mismo un plan general que un plan parcial. No es lo mismo una ordenanza municipal que una norma urbanística de planeamiento. Y no es lo mismo una licencia que una declaración responsable, ni una orden de ejecución que una sanción, ni un expediente de restauración de la legalidad urbanística que un procedimiento sancionador.
En urbanismo, muchas veces el caso se gana o se pierde en esa arquitectura interna del ordenamiento.
Tener razón no basta: hay que saber dónde está la razón jurídica
Por eso, en un procedimiento judicial, la pregunta importante no es solo si el cliente tiene razón.
La pregunta importante es si esa razón puede formularse jurídicamente de forma eficaz.
Puede que el cliente tenga razón, pero haya dejado pasar el plazo. Puede que tenga razón, pero no pueda probarlo. Puede que tenga razón, pero haya elegido mal la vía de recurso. Puede que tenga razón, pero la jurisprudencia sea contraria. Puede que tenga razón, pero el acto recurrido no permita discutir todo lo que el cliente quiere discutir. Puede que tenga razón, pero el procedimiento no sea el adecuado para conseguir ese resultado.
Y también puede ocurrir lo contrario: que un asunto aparentemente difícil tenga recorrido porque existe una línea jurisprudencial favorable, porque la Administración ha omitido un trámite esencial, porque se ha excedido en sus competencias o porque ha aplicado mecánicamente una norma sin atender al caso concreto.
Ahí está la diferencia entre la justicia intuitiva y la estrategia jurídica.
El abogado no vende certezas; construye posibilidades
Un abogado serio no debería vender al cliente una justicia abstracta. Debe explicarle el terreno real en el que se va a pelear.
Ese terreno está formado por normas, procedimientos, pruebas, plazos, competencias, actos administrativos, defectos formales, criterios judiciales y jurisprudencia.
La justicia, entendida como aspiración moral, importa. Por supuesto que importa. Es el impulso que muchas veces lleva al ciudadano a defenderse. Pero en sede judicial esa aspiración necesita técnica.
Necesita Derecho.
Y el Derecho, en la práctica, no es una emoción ni una intuición. Es un sistema.
Por eso, antes de presentar un recurso, antes de iniciar un pleito y antes de prometer un resultado, hay que hacer una pregunta menos vistosa pero mucho más útil:
¿qué han dicho los tribunales cuando se han enfrentado a algo parecido?
Porque, al final, en un juzgado no gana necesariamente quien proclama con más fuerza que tiene razón.
Gana quien consigue demostrar que su razón encaja mejor en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia aplicable.
Esa es la realidad. Menos romántica, quizá. Pero mucho más honesta.
Desde Carlos San Vicente & Asociados abordamos los procedimientos contencioso-administrativos desde esa perspectiva: estudio del acto administrativo, análisis del sistema de fuentes, revisión de la jurisprudencia aplicable y construcción de una estrategia procesal ajustada al caso concreto.
